Dos semanas. Es lo que ha tardado el Ministerio de Consumo en empezar a utilizar una competencia recién obtenida para poder fiscalizar los anuncios de pisos en alquiler en zonas tensionadas y, en caso de detectarse irregularidades, sancionar a las plataformas inmobiliarias que los ofertan. Ayer anunció la apertura de una investigación contra «diferentes» portales inmobiliarios, sin detallar cuáles. Según se lee en el comunicado remitido por Consumo, los inspectores que monitorizan el mercado de la vivienda han detectado prácticas que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia previstas en la ley. Concretamente, el objetivo de las pesquisas son anuncios publicados para grandes tenedores -alguien que tenga más de diez inmuebles urbanos- que estarían ofreciendo pisos a precios superiores a los fijados por la Ley de Vivienda -aprobada en 2023-, y anuncios -en este caso de propietarios particulares- que no detallan cuál era el precio del último contrato de alquiler que se ofreció para ese inmueble. El mayor portal inmobiliario español, Idealista respondió ayer al Ministerio asegurando que tiene 12 sentencias que confirman «la correcta aplicación del marco europeo de responsabilidad de las plataformas» y que por ello no tiene responsabilidad sobre las publicaciones que hagan terceros en su plataforma. En contra, el departamento de Bustinduy se escuda en que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en el Congreso el 11 de diciembre y publicada en el BOE el pasado 27 de diciembre, les da ya potestad para sancionar estas prácticas.

FUENTE PERIODISTICA:ABC